Desde hace varios años, las discusiones sobre políticas agropecuarias en América Latina aparecen estrechamente conectadas a lo que se ha dado en denominar políticas de "ajuste". Esta expresión tiene en castellano dos significados principales. Puede ser utilizada como convenio, trato, pacto, contrato, conciliación, en un sentido, o con arreglo, corrección, rectificación, en otro. Seguramente, esta segunda acepción expresa mejor la idea principal de las actuales políticas macro-económicas que, diseñadas e implusadas desde centros de poder internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han adquirido tanta relevancia en el actual período. Puntos centrales de tales estrategias son: a) reducción significativa del rol, tamaño y presupuesto del estado mediante su racionalización y la privatización de gran parte de sus actividades productivas y de oferente de servicios básicos; b) el superávit fiscal mediante la fuerte constricción de los gastos estatales (subsidios, empelo y gastos sociales) y el aumento de la recaudación impositiva mediante la aplicación de impuestos a lo consumidores; c) el ordenamiento del pago de los intereses y el capital de las deudas externas de los países latinoamericanos, tanto a los organismos de crédito internacionales como a la banca privada, mediante el citado superávit fiscal.
Desde 1989 Argentina viene implementando medidas muy precisa en esta dirección. Constituye, entonces un caso adecuado para discutir la forma específica en que las políticas aplicadas en el campo agropecuario, claramente subordinadas a las de ajuste macro-económico, han impactado tanto en las respuesta productivas y en el nivel de ingresos de la población, como en el estado de las instituciones estatales que organizan la aplicación de dichas políticas.
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